lunes, 31 de octubre de 2011

Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Una selección de lo que escribió la esposa de Odón en 2011 :

Lunes pasado, me enteré de lo que se había dicho en la mesa llamada “Violencia sexual en instituciones educativas en las Américas”, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me quedé muy mal al escuchar la presentación de la abogada Katherine Romero, llamando a mi esposo “agresor” y acusándole de “tráfico de influencias” por haber conseguido, después de años de lucha, después de haber estado, inocente, en la cárcel durante 20 meses, que la autoridad jurídica suprema de su país tome en cuenta una prueba científica, hecha por el FBI de Estados Unidos, diciendo con toda la claridad necesaria que él es inocente.

Y me quedé peor todavía, al leer, en Internet, el documento que las 4 organizaciones invitadas habían entregado sobre su intervención en la mesa puesto que ahí, se designa a mi esposo no solamente como el regente, como lo hizo la abogada Romero en su intervención, sino con nombre y apellido “Odón Fernando Mendoza Soto” (página 12 del documento llamado “La violencia sexual en las instituciones educativas: México, Colombia, Ecuador y Bolivia”).

No sé si ustedes pueden imaginar lo que siente un hombre quién fue, de un día a otro, sacado de su vida diaria de hombre humilde (en 1999, con su trabajo de regente ganaba unos 330 Bolivianos al mes), presentado ante todo el país como “monstruo” (ustedes tienen algunas copias de los periódicos de entonces) y que desde entonces, sigue viviendo con este estigma. Yo misma, quién lo estoy acompañando desde hace casi nueve años, tengo algunos recuerdos no muy lindos, como aquel día cuando la propietaria del departamento que alquilé me dijo: “o dejas a Odón a te vas de mi casa en este momento” o el día del año pasado cuando una vecina me agarró a golpes y que su familia entera me gritó “criminal”…

A pesar de estas situaciones, siempre traté de comunicarme con las personas quienes se están involucrando en el caso desde hace un año para intentar de explicarles los pormenores (y, ante todo las falencias de la investigación, responsables de la situación lamentable que sufrimos, a la vez la madre de la niña y mi esposo con toda su familia) pero apenas se me escucha.

Justamente la abogada Katherine Romero – cuando, en el mes de noviembre del año pasado, me enteré de la denuncia que su organización, Women’s Link Worldwide, hizo en el caso Patricia Flores, le mandé un mensaje, explicándole que ya habíamos entregado una denuncia, mi esposo y mi persona, en el mismo caso y hasta le envié una copia de los hechos tal como lo había escrito en la denuncia. Nada, ni una palabra…hasta la presentación de lunes pasado.

Entonces, ¿qué más puedo hacer para que mi esposo no se desespere, sin trabajo, sin ingreso (puesto que el caso queda pendiente, el Ministerio de Educación lo tiene suspendido y los años pasando, sus aportes para una pequeña jubilación también)? ¿Tenemos que sufrir siempre porque al momento de los hechos mi esposo de repente se encontró frente a una acusación monstruosa a la cual no fue preparado y que fue encerrado en un laberinto kafkiano para calmar la presión popular que muy pocas veces quiere la verdad sino necesita un chivo expiatorio?

Tantas veces hemos golpeado a las puertas, pocas veces se han abierto y ahora, que las autoridades judiciales de nuestro país por fin empiezan a darse cuenta del error que se cometió en su contra - ¿tenemos que enfrentar una condena internacional sin que nadie tenga que presentar pruebas para las acusaciones que están lanzando y que, dentro de una institución respetable y respetada de defensa de los derechos humanos se pueda violar las reglas básicas de los derechos fundamentales tal como la presunción de inocencia?

jueves, 27 de octubre de 2011

Lo que dijimos en 2010

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Desde hace unos días se habla nuevamente del caso de la niña Patricia Flores – van a ser 11 años que se la encontró asesinada y violada. Su madre aparece en público para exigir que, de una vez, se haga justicia, clamor que es el mío también desde hace 11 años.

Sin embargo, ella acompaña su demanda con las mismas acusaciones de siempre hacia mi persona, cometiendo así una gran injusticia que no se justifica en absoluto. Por eso, mi persona junto a mi familia quisiéramos aclarar lo siguiente :

El dolor de una madre no justifica hacer sufrir a un inocente así como a toda su familia, lo que estamos viviendo desde hace tantos años. Si hay muchas personas en Bolivia quienes saben que Odón es inocente y nos apoyan, existe también gente que fue inducida en error por cierta prensa sin ética que, en su tiempo, lo sindicó como monstruo, desviado sexual etc. y que se cree en derecho de hacer justicia propia. Odón ha sufrido y sigue sufriendo actos malos como llamarlo públicamente asesino, echarlo de su domicilio, negarle el derecho al trabajo y todos nosotros compartimos su sufrimiento, causándonos daños en nuestra salud física y emocional.

Odón no ha parado, estos últimos 11 años, de luchar para demostrar su inocencia, ante la opinión pública pero sobre todo ante el Poder Judicial, mismo que se permitió de no tomar en cuenta por mucho tiempo un informe científico que demuestra con absoluta claridad que el autor del crimen no fue él. Tuvo que ir hasta la Corte Suprema para que, por fin, se reconozca la prueba más fuerte del proceso, es decir la única que tiene un resultado unívoco y reconocido por la comunidad científica, la prueba de ADN. Las demás pruebas que son en realidad supuestas pruebas, construidas para encontrar a un culpable permitiendo de calmar la presión de la opinión pública de entonces, no valen, el documento adjuntado a la presente carta lo demuestra de manera fehaciente.

En estos últimos años, Odón no quiso más aparecer en público, a pedido de nosotros que hemos sufrido tanto de esta horrible notoriedad, y, luchando no sólo para él sino para tantas personas de origen humilde como él que una injusta justicia nunca ha tomado en cuenta como seres humanos sino como carne de horca, se concentró en la lucha jurídica.
Hoy en día el caso está de vuelta ante la opinión pública y se quiere traerlo nuevamente a la calle donde siempre existe el peligro de que se vulneren los derechos humanos. Por eso, para protegerlo a él pero también a todos nosotros, Odón no va a aparecer en público – esta carta es nuestro clamor para que, por fin, termine nuestro sufrimiento injusto.

Y, por último, rogamos a los medios de comunicación tener mucho cuidado con la información que dan sobre su persona, ya que hubo dos veces ya un intento de linchamiento en su contra.

¡Ama llulla!

La Paz, 25 de agosto de 2010
Odón F. Mendoza Soto con esposa, hijos, nietos, hermanos y sobrinos
.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Comunicado de prensa

Lo que Odón Mendoza y su familia mandaron a la Agencia Boliviana de Información y que nunca fue publicado :

En relación a su noticia, publicada bajo el siguiente n°: ABI 247081 2011-10-24 15:53:22, con el título “Denuncian ante la CIDH el caso de la niña Patricia Flores” quisiera aclarar lo siguiente : 

12 años es mucho tiempo, sobre todo si una persona está en búsqueda de justicia. Lo digo pensando en la madre de una niña asesinada pero también pensando en mi familia y mi persona quienes estamos defendiéndonos de falsas acusaciones que no nos dejan vivir en paz desde entonces. 

En 12 años, muchos recuerdos se están distorsionando, así que quisiera hacer recuerdo de varios elementos relacionados con el crimen cometido contra la niña Patricia Flores. Todo está consignado en el expediente del caso y creo que vale la pena consultarlo antes de publicar dichos no certeros.

1. Mi función en la escuela Vicenta Juaristi Eguino fue la de un regente, designado mediante memorándum de nombramiento por el Ministerio de Educación y ninguna directora intervino en mi designación.

2. Ya antes de hallar a la niña asesinada en la noche de martes a miércoles 1 de septiembre del año 1999, la Policía se estaba ocupando del caso, puesto que la familia había denunciado ante la Fiscalía, el día lunes 30 de agosto, el hecho de que su hija había desaparecido el viernes 27 de agosto. En el expediente hay dos testimonios de niños quienes declaran de manera independiente pero concordante, durante la investigación por rapto de menor (es decir antes de que la Policía tuviera conocimiento del asesinato), haber visto a la niña el día sábado 28 de agosto; un niño a las 14:00 horas en el mercado Uruguay y otra niña a las 16:00 horas en la Pérez Velasco. Los dos niños declaran, en la mañana del 31 de agosto, que la niña Patricia había sido acompañada por una “chica un poco más grande que ella”.

3. La Policía abandona esta pista ante el horrible descubrimiento del 1 de septiembre y, ante la presión popular, procede a mi detención el 2 de septiembre, acusándome de haber matado y violado la niña en la mañana del 27 de agosto. La justificación para mi aprensión fue el argumento que yo hubiera incurrido en contradicciones y que no se me había visto en el pasillo de la escuela el viernes en la mañana, cuando yo estaba dando clases al curso 3° “B”, donde la profesora se había tomado el día libre por ser cumpleañera. 

4. El día 1 de septiembre a horas 17:00 se procede a la autopsia del cadáver y el médico forense, Dr. Alberto Sagárnaga, llega a la conclusión de que la data de la muerte es de aproximadamente 72 horas antes de hallar a la niña. Los médicos forenses tienen sus métodos para determinar la data de muerte, como ser la aparición, después de 36 horas de fallecimiento, de una mancha verde periumbical y en fosa iliaca o de flacidez muscular o, después de 72 horas, la aparición de fauna cadavérica. Siguiendo el protocolo de autopsia, la niña habría fallecido el día domingo, data que el segundo médico forense, Dr. Antonio Torrez Balanza confirma en una audiencia : “Pregunta.- Según la data de la muerte del protocolo que establece setenta y dos horas el día miércoles, ¿cuándo habría fallecido la menor? Respuesta.- Tendríamos que regirnos a la data de la muerte aproximada con carácter retrospectivo, aproximadamente tres días antes. Se debe contabilizar las horas; con un cálculo retrospectivo, si el martes en la noche se hizo el levantamiento, según la data de muerte valdría suponer que la muerte ocurrió el día domingo” (fojas 2321 del expediente). El médico forense determina también que los actos de violencia sexual fueron perpetrados post mortem.

5. Ante las dudas sobre como la Policía lleva adelante la investigación, se emite, el 28 de septiembre una cédula de ley, impulsada por la entonces presidenta de la Comisión de Política Social de la H. Cámara de Diputados, Elisa Zuñiga de Siles, y determinando de enviar muestras del caso al FBI para realizar pruebas de ADN. El 29 de septiembre, el laboratorio técnico científico de la entonces PTJ, en la persona de la Dra. Carmen Cuiza Campana, hace llegar a la embajada de Estados Unidos unas muestras, el 14 de octubre serán enviadas algunas muestras más, el 29 de octubre llega un primer informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, diciendo que no tengo nada que ver con el caso y el 18 de enero de 2000, el FBI manda su primer informe donde determina una mezcla de ADN femenino y masculino en las muestras proveniente de la falda de la niña. El ADN femenino corresponde a la niña pero el FBI no puede determinar a quién pertenece el ADN masculino. Lo único que se puede constatar es que no corresponde a mi persona. 
Ante este misterio, el entonces Agregado Legal y representante del FBI en Bolivia, Kevin W. Currier, persiste y logra establecer, primero una concordancia entre el caso de la niña Patricia y el caso de la niña Dora Janco quién sobrevive a un ataque sexual unas semanas después de la muerte de la niña Patricia y después de leer sobre el arresto de un violador en serie, José Luis Flores, en el mes de noviembre de 1999, pidiendo una muestra de sangre de éste, logra probar que en los dos casos, el culpable es el mismo José Luis Flores. El 11 de septiembre de 2000, la PTJ recibe un informe del FBI explicando detalladamente como llegaron a este resultado espectacular y los peritos se declaran dispuestos a venir a Bolivia para dar su testimonio.

6. En las siguientes semanas, la prensa comenta de manera extensiva el informe pero los operadores de justicia se hacen los sordos y se me condena en mayo de 2003 a 30 años de cárcel sin indulto sin tomar en cuenta las dos pruebas que me declaran inocente : la data de la muerte y el informe de ADN. A partir de este momento empieza mi lucha jurídica que me lleva hasta la Corte Suprema que, en el mes de noviembre de 2009, aceptando mi recurso de casación, anula todas las sentencias condenatorios en mi contra con el argumento de “valoración inadecuada de las pruebas”, es decir por el hecho de que nunca se ha tomado en cuenta la prueba de ADN y que se me ha condenado siempre con argumentos como el de una fibra de color azul, similar (pero no idéntico) al color de la chompa de la niña en uno de los cuatro cinturones que la PTJ había incautado. 

7. Consecuentemente, la Corte Superior de La Paz anula obrados hasta el “vicio más antiguo”, es decir el Auto Final de Instrucción emitido en mayo de 2000 (que no tomó en cuenta el primer informe de ADN que decía claramente que no se encontró ADN de mi persona en las muestras proveniente de la niña y que había salido cuatro meses antes) y devuelve obrados al Juzgado de Instrucción Liquidador de La Paz. A partir de este momento empiezan las excusas de diferentes jueces y, a partir de mediados de agosto de 2010, las intervenciones públicas de los hermanos Barriga Machicao, de nombres Paola y Ramiro, abogados de profesión, supuestamente en defensa de la madre de la niña. Con sus manifestaciones públicas, designando con un dedo acusador (y con nombre y apellido) los operadores de justicia que, según ellos, no hacen su trabajo, han logrado que ningún juez quiere hacerse cargo de terminar con el asunto. Por la fuerza quieren que se me condene, utilizando el desamparo de una madre que no puede encontrar consolación y que fue muy mal asesorada durante todos estos años.

8. Cuando, a pocos meses de la muerte de la niña, pedí una necropsia, a través de mi entonces abogado, Dr. Jorge Borda, la familia rechazó esta idea de manera indignada. El año pasado, la Dra. Paola Barriga salió con esta idea a la opinión pública, diciendo que, al no haberla hecho, se había lastimado los derechos de la madre. Al igual de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos : los Drs. Barriga habían entregado su denuncia mediante una ONG llamada Women’Link Worldwide en mayo de 2010 cuando mi persona, junto con mi familia, habíamos denunciado la retardación de justicia ante la CIDH el 8 de abril de 2009. Según los últimos contactos que tuvimos con la CIDH, las causas que la Comisión acepta serán tratadas de manera cronológica, es decir que mi denuncia tiene prioridad. 

Ahora, la sesión de lunes pasado, en la cual una abogada colombiana, Katherine Romero, hablando del caso de la niña Patricia Flores, me llamó “agresor” y me acusó de “tráfico de influencias” sin presentar ningún tipo de pruebas, no estaba destinada a solucionar el caso. Más bien, estas ONG, aprovechándose de un caso difícil en un país donde la Justicia tiene falencias evidentes, se sirvieron de la ocasión para hacer protagonismo en el mundo de las ONG donde es cada vez más difícil conseguir dinero por la crisis monetaria que viven los países europeos y de América de Norte, grandes donadores si se habla de violación de derechos humanos. 

9. Esta manera de utilizar una institución universalmente reconocida no valdría la pena mencionar si no fuera la violación del art. 8 inc. 2 de la Convención americana sobre derechos humanos (presunción de inocencia) que se me hizo. La violación no se produjo solamente diciendo “el regente” como lo hizo la abogada Romero durante la sesión, tratando de evitar una denuncia por calumnia al no decir mi nombre y apellido, sino también en el documento entregado a la Comisión y publicado en Internet sobre su intervención, donde sí, se me nombra.

No hay razón para mí de tolerar más tiempo los atropellos de un par de abogados que, al parecer, no conocen mucho de un expediente de 20 cuerpos, y que siguen con sus maniobras para conseguir fama (y, ¿tal vez?) dinero para su creación, la “fundación” FUNDERES. Toda mi familia, que nunca dudó de mi inocencia y que me está apoyando desde hace tantos años, está conmigo – no puedo agradecerlos lo suficiente para su apoyo. 

Odón Fernando Mendoza Soto, 26 de octubre de 2011

martes, 25 de octubre de 2011

La profesión de abogado/a

Pasó hace muchos años, pero no voy a olvidar lo que sentí cuando nuestro profesor de procedimiento penal dijo que todo valía en el trabajo de abogado. Es decir, incluso mentir...

Los médicos tienen su juramento hipocrático - y ¿los abogados/as? 
La Justicia, la que queremos defender, la que nos parece hermosa por que apoya a la construcción de un mundo más equitativo que dará su espacio a cada ser, no debe ser un campo de batalla de los egos. 

Es cierto que es muy, pero muy difícil ante un hecho violente, de no caer en el deseo de venganza, sea quién sea la víctima y que la justicia humana trata de delimitar estas pulsiones pero, si un abogado, una abogada está ganando un buen dinero justamente con estos sentimientos, no vamos a salir del círculo vicioso.

¿Donde un jóven, una jóven puede prepararse para evitar errores lamentables? Si pienso en mi experiencia de la universidad, tal vez no es el lugar indicado...

¿A quién le interesa la verdad?

El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizó, en el marco de su 143er período de sesiones, una mesa bajo el título “Violencia sexual en instituciones educativas en las Américas” en la cual se habló también del caso Patricia Flores de Bolivia.

Lastimosamente, los y las expositores no se tomaron la molestia de presentar simplemente los hechos sino tuvieron que acomodarlos a sus deseos de ser reconocidos como grandes defensores de los derechos humanos, lanzando acusaciones en contra de las entonces autoridades escolares y estatales así como en contra de la Corte Suprema, acusándola de “tráfico de influencias”. 

¿Cómo fue eso? En primer lugar acusando a las entonces profesoras de no haber protegido a la niña después de que su madre la entregase a su “cuidado” cuando, en realidad, la madre la dejó en la entrada y que la niña salió de la escuela en búsqueda de un chicle. 

Según el testimonio del propio padre en su declaración realizada unas horas antes de encontrar a la niña asesinada, ella había salido a la calle en búsqueda de un chicle “Basuka”. Se lee lo siguiente a fojas 49 del expediente: “(…) y en una de las tiendas nos dijo que se había acercado a preguntar si tenía chicle basuka y le respondió a mi hija que no tenía y mi hija se alejó y luego de mucho rato volvió a la tienda y le compró picocas y se quedó caminando por el lugar hasta las 09:30 aproximadamente”. 
Entonces, la madre no pudo haberla “entregado al cuidado del personal” de la escuela como lo dijo la abogada Katherine Romero en su intervención plagada de afirmaciones sin fundamento. 
Las conclusiones del jefe de la división menores y familia, siempre antes de encontrar a la niña, son contundentes : “La madre de la víctima habría llevado al colegio a su hija como de costumbre a horas 08:15 posteriormente abandonó el establecimiento, la víctima salió de la escuela para ir a comprar chicle y hasta la fecha se desconoce el paradero de Patricia Flores.” (fs. 52)
En la boca de la abogada Romero estos hechos se vuelven así : “las profesoras afirmaron que la menor nunca había sido llevada a la escuela para encubrir a los responsables” cuando el padre dice simplemente en su denuncia : ”(…) mi esposa preguntó a la profesora de su curso y ella le contestó que mi hija no asistió a clases (…)”.
Según la abogada, “las autoridades hicieron caso omiso durante los primeros días de la desaparición", cuando la denuncia oficial de desaparición de los padres fue recibida en la Fiscalía el día lunes 30 de agosto a las 10:30 (es decir 3 días después de su desaparición) y que la policía empezó con su búsqueda el mismo día. 

Después, hablando del curso del proceso, dice lo siguiente : “el regente de la escuela fue condenado después de 6 años” cuando en realidad la primera condena fue pronunciada en el mes de mayo de 2003, es decir algo más de 3 años y medio después de los hechos. Además, en el documento publicado en Internet, se lo designa con nombre y apellido violando así totalmente sus derechos fundamentales puesto que la sentencia fue anulada y que nadie tiene el derecho de relacionarlo con el hecho.

Según la “Abogada senior”, “la Corte Suprema anuló la sentencia por existir diversas fallas en el manejo de las pruebas, dejando en libertad al responsable” – afirmaciones que se parecen mucho a una vil calumnia ya que la Corte Suprema decidió anular la sentencia por valoración inadecuada de las pruebas, es decir el hecho de dejar del lado una prueba de ADN que dice claramente que no existe ningún tipo de evidencias para relacionar al regente con el asesinato.
Esta sentencia se puede leer en Internet – una verdadera profesional tendría que conocer la diferencia entre valoración inadecuada de las pruebas y fallas en el manejo de las pruebas ¿no?

Según ella, no se aplicaron estándares internacionales en la búsqueda de la verdad – a ver lo que piensan los científicos del FBI de esta afirmación temeraria. Si hay una institución que conoce y respeta la cadena de custodia es ciertamente el FBI y si ellos encontraron  ADN de la niña en las muestras que habían recibido de la policía boliviana además de la de dos hombres que se pudo identificar, pero nada del regente, es muy atrevido de parte de una abogada que no es una científica de considerar que no valen.

Y aún más atrevida su conclusión : en todos casos prevaleció el testimonio del agresor por encima de la vida y los derechos de la víctima, apuntando nuevamente al regente sin preocuparse lo más mínimo de la presunción de inocencia – actitud rara de parte de una persona que, mejor que otra, debería conocer los principios del debido proceso. 

Mi conclusión : esta abogada está tan agitada por hacerse conocer como gran defensora de las víctimas que no se preocupa demasiado de la verdad – no importa condenar a un inocente si la Abogada Senior puede aparecer en público y demostrar su gran empeño para las pobres víctimas. 

Que pena para un tema muy importante, la violencia en las escuelas, sea sexual u otro tipo de agresiones. Hay un montón de ejemplos que se podría utilizar investigando correctamente los hechos. Pero, una Abogada Senior, segura que está demasiado importante como para hacer un trabajo paciente de recolección de los elementos que pueden ayudar en encontrar la verdad sobre un crimen horrible y designar al verdadero culpable para que se haga justicia de verdad.