lunes, 27 de mayo de 2013

¿Por qué será que ONGs internacionales se metieron en el caso Patricia Flores?



Porque decidieron tomarlo como “litigio estratégico”.
Una excelente definición de lo que es un tal litigio, lo da una red para los derechos de la niñez, el CRIN (Child Rights International Network) : “El litigio estratégico, también llamado litigio de impacto, involucra la selección y presentación de un caso ante los tribunales con el objetivo de alcanzar cambios mayúsculos en la sociedad. Quien inicia un litigio estratégico busca utilizar la ley como un medio para dejar huella, más que simplemente ganar el caso en particular.”

Alcanzar cambios mayúsculos en la sociedad… en nuestras sociedades hay una multitud de actores sociales, sean partidos, juntas vecinales, comunidades compartiendo su fe, grupos deportistas y las redes sociales en Internet y todos tienen algo que ver con cómo evoluciona una sociedad. Entonces, esta pretensión de inducir cambios en una sociedad mediante el uso de procesos ante los tribunales tiene dos caras – la hermosa, la que efectivamente permite abrir derechos a grupos discriminados y la fea, la que vemos en el caso que nos ocupa, en la que un hombre inocente y su familia se hacen moler por la maquinaría empleada por ONGs internacionales con dinero y personal capacitado.

No lo sabíamos en aquel entonces, inicio de 2010, que se habían tomado decisiones sobre nuestras vidas allá en Bogotá, Madrid, Nueva York y Ciudad de Guatemala, donde se empezó que trabajar en el caso Patricia Flores. No sabíamos que allá, personas viviendo con buenos sueldos, disfrutando de la vida de clase media alta, habían decidido que Odón Mendoza tenía que ser condenado para que la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, tenga un avance significativo en América Latina.

Que había y hay impunidad flagrante, horrenda, injustificable contra las víctimas de violencia sexual, no lo ponemos en duda, que cada caso es un atropello a toda la sociedad y que tiene que cambiar, no lo dudamos en lo más mínimo; pero las decisiones de aquellas personas sobre cómo llevar adelante la lucha para que cambie todo esto, sí, las cuestionamos y muy fuertemente.

En noviembre de 2009 había salido el Auto Supremo anulando la condena de Odón Mendoza y pensábamos entonces que nuestras vidas, por fin, iban a pertenecernos de nuevo, Odón siendo lavado de la sospecha de haber sido involucrado en un crimen horrendo, acusación que hacía de nosotros los chivos expiatorios de los males que sufre una sociedad profundamente desigual.

Hay seguramente un interés particular para ONGs transnacionales como Women’s Link Worldwide y redes feministas a nivel internacional para meterse en un caso como el de la niña Patricia; además del tiempo que había necesitado la justicia boliviana para llegar a una sentencia de anulación, hay el hecho de que podían implicar al Estado puesto que la víctima fue encontrada en una de sus escuelas. Esto permite acusarlo ante instancias internacionales de protección de los derechos humanos, razón de existir de estas ONGs.

Y, así pasó: el 17 mayo de 2010 la ONG Women’s Link Worldwide, junto a los bolivianos de Funderes (una fundación cuyo origen valdría la pena investigar) presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utilizando como primera mentira la que, supuestamente, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia hubiera “anulado el caso hasta la etapa inicial de investigación, justamente por las deficiencias que evidencia el proceso, y ordenó reiniciar las diligencias de investigación respectivas y sancionar a los supuestos responsables.” [1]

En realidad, la Corte Suprema anuló la sentencia de Odón por valoración inadecuada de las pruebas de cargo y descargo, es decir que la autoridad judicial suprema de nuestro país, al revisar todo lo que se había presentado para justificar su condena, consideró que la prueba de ADN vale muchísimo más que todas las invenciones que hicieron policías y fiscales en 1999 para liberarse de un caso embarazoso. Y, devolvió el caso a la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz para que esta emita un fallo tomando en cuenta dicha prueba. Es una mentira grosera decir que determinó abrir una nueva investigación.

Si una prueba de ADN excluye el ADN de una persona, esto significa que no tiene nada que ver con un hecho – ahora, estas ONGs dijeron públicamente que Odón Mendoza hubiera, mediante coima, contaminado estas pruebas para que saliera un resultado a su favor. Cómo él, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro durante todas las investigaciones forenses utilizando la prueba de ADN, en 1999 – 2000 y 2012 2013, hubiera podido “sacar” su ADN de las evidencias que se estaban analizando en laboratorios de Santiago de Chile, Washington y La Paz, nadie nos dice. Debe ser mago, Odón Mendoza…
Además, en el caso sumamente hipotético de que alguien hubiese logrado quitar el ADN de Odón Mendoza y dejar los de la niña, de José Luis Flores y otros (en el guardapolvo se encontró ADN de la hermana mayor por ejemplo) que se encuentra en cantidades infinitesimales, invisibles incluso a los microscopios, esta persona debería ser un científico de alto perfil y estaría seguramente preciado como nadie en las mejores universidades del mundo.

Si leemos entre las líneas lo que Women’s Link Worldwide publica en Internet sobre el caso, podemos suponer que elaboraron un plan bastante detallado para ganar el caso, con “contactos” con  jueces, implicando otras ONGs como ser los neófitos de AFFIC o una ONG boliviana, CIDEM, luchando contra la competencia de otras organizaciones de mujeres en su área, y posiblemente asegurándose el apoyo mediático mediante regalitos (véase su metodología “creación de estándares legales” que se aplica al caso Patricia Flores) [2].

Lo que no tomaron en cuenta es que Bolivia tiene una larga historia de “luchas estratégicas”. Tal vez una de las más valientes es la lucha que cinco mujeres mineras empezaron en la Navidad de 1977 contra la dictadura de Banzer, logrando con huelgas de hambre derrotar el gobierno de facto de los militares.
La gran diferencia entre lo que ellas hicieron y lo que hacen las jailonas de las ONGs con el caso Patricia Flores es que las mujeres de las minas pagaron el precio con sus vidas, sus cuerpos y su sufrimiento – mientras que Funderes, Women’s Link Worldwide, AFFIC y CIDEM están sacrificando a un hombre inocente y su familia desde sus oficinas cómodas. Hermoso es, el mundo (post)neoliberal de estas ONGs…

Women's Link Worldwide y Funderes presentaron ante el Comité contra la Tortura de la ONU un documento escrito en inglés, para hacer presión sobre el Estado Plurinacional de Bolivia en el caso de la niña Patricia. Hemos analizando su informe y contrastado lo afirmado con los documentos legales del caso. 
https://www.dropbox.com/s/s2y3d56lax7burg/Lo%20que%20las%20ONGs%20presentaron%20ante%20el%20CAT.doc?dl=0
Nuestra conclusión: en cuatro páginas demuestran que no les importa manipular los hechos para conseguir su meta - repugnante...
Sin embargo, lo que más nos molesta en su actuar es que, conscientemente o no, están protegiendo a un verdadero verdugo de niñas, hombre que no tiene nada que ver con la escuela – ¿será por esto que se le trata de presentar como inocente ante la opinión pública boliviana? 
Al parecer estas ONGs están olvidando también que no hay solamente la opinión pública boliviana.  Con Internet, el mundo se volvió una gigantesca opinión pública – que no se olviden que la memoria virtual es larga, larga…