¿Por qué será?
La parte civil se dice víctima de una
suerte de conspiración, de presiones…pero no dice nada sobre quiénes serían los
responsables de tales injerencias.
Sí, concordamos con la sospecha de todo
tipo de injerencias y nosotros tenemos algunas dudas sobre quién lo hizo.
Acaso, ¿la parte civil no dice lo siguiente? “El señor juez de acuerdo a un cronograma que hemos establecido tiene conocimiento de la llegada de los peritos y de la ruta clara que deben realizar los peritos que están llegando por tres o cuatro días entonces esto generaría un perjuicio para la defensa”, aseguró Barriga a la prensa.” (Artículo “Caso Patricia: Peritos internacionales no podrían participar de juicio si juez no señala audiencia” publicado el domingo 20 de mayo de 2012 en el periódico cochalo Opinión). ¿Desde hace cuando una parte en un proceso establece cronograma, dice al juez que día llamar a audiencia y a quién poner en la cárcel?
Acaso, ¿la parte civil no dice lo siguiente? “El señor juez de acuerdo a un cronograma que hemos establecido tiene conocimiento de la llegada de los peritos y de la ruta clara que deben realizar los peritos que están llegando por tres o cuatro días entonces esto generaría un perjuicio para la defensa”, aseguró Barriga a la prensa.” (Artículo “Caso Patricia: Peritos internacionales no podrían participar de juicio si juez no señala audiencia” publicado el domingo 20 de mayo de 2012 en el periódico cochalo Opinión). ¿Desde hace cuando una parte en un proceso establece cronograma, dice al juez que día llamar a audiencia y a quién poner en la cárcel?
Pongamos las cosas muy claras – la parte
civil no es más que una parte en un
proceso y es parte de la acusación.
La abogada Barriga, muy hábil en utilizar las palabras como le conviene, ha
logrado, en los últimos meses, a imponer como única visión posible la suya – y
sospechamos que detrás de este “logro” podría estar algo más que sólo palabras.
Por el momento, no podemos decir más que lo siguiente : el Ministerio de
Transparencia Institucional y de Lucha contra la Corrupción aceptó una denuncia
que hizo Odón hace algo más de dos meses, dándole un número para la
investigación.
Y, hemos puesto en consideración ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
nuestras interrogantes sobre este proceso que, de un punto de vista constitucional,
tiene una legalidad dudosa en cuanto a la fase donde se encuentra. Existe un
principio tan anclado en el derecho penal desde hace siglos que se sigue
utilizando el término latino “non bis in idem” que hemos invocado. Traducido en
castellano, eso da, en el art. 117.II de nuestra Constitución Política del
Estado : nadie será procesado ni
condenado más de una vez por el mismo hecho.
La idea detrás de este principio muy
importante para la seguridad jurídica de los y las ciudadanos, es que no se
puede volver a enjuiciar una y otra vez a una persona por el mismo hecho. En
verdad, es una idea muy sabia ya que todos sabemos que la Justicia comete errores
y, como se puede ver en el caso de la niña Patricia Flores, errores graves, repetidas
veces.
De los siete imputados, cinco tienen lo que
se llama una sentencia ejecutoriada de absolución, es decir una sentencia
firme, que ya no se puede cuestionar y cambiar, salvo en un juicio de revisión.
Ahora, no va a ser fácil, en el caso Patricia Flores, llegar a una revisión, ya
que para que se pueda reabrir un juicio bajo esta figura jurídica, es necesario
que una parte presente hechos nuevos, desconocidos en el momento de la
sentencia.
La madre y su abogada no tienen elementos
nuevos ya que la prueba más fuerte del proceso (y que es reconocido a nivel
mundial como ser una prueba mayor que pueda esclarecer un crimen que se ha
quedado irresuelto durante años), la prueba de ADN, es parte del expediente
desde el 29 de octubre de 1999, es decir a dos meses del crimen, cuando llegó
un primer informe de ADN, diciendo con toda claridad que Odón es inocente. Al total, hay cuatro informes en el expediente, hechas entre septiembre 1999 y septiembre 2000, todos
diciendo lo mismo – Odón es inocente. Sin embargo, la madre de la niña y su
entonces abogada, Martha Requena Peñaranda, seguían con sus numerosos
memoriales, diciendo siempre lo mismo “él fue”. Con esta actitud cerraron las puertas para
una nueva investigación, basándose sobre los resultados del análisis de ADN que
dio con los nombres de José Luis Flores López y Reynaldo Flores Barrera.
Seguimos diciendo, como lo hacemos desde hace años, que la familia
de la niña Patricia tiene todo el derecho de saber lo que pasó con ella y no tenemos
miedo para nada a investigaciones hechas de manera científica y correcta para
descubrir la verdad. Pero, decimos también que, en un proceso hay que respetar
la ley y ante todo los principios constitucionales protegiendo a las personas
involucradas, que se llaman los principios del debido proceso. La ley debe amparar
los derechos para un proceso equitativo y justo para todas las partes y estas
deben respetarlos, cosa que no hizo, hasta el día de hoy, la parte civil. La
madre y su abogada salen a la opinión pública diciendo que se lastimaron sus
derechos a la justicia, pero ¿qué hicieron ellas
para que justicia se haga?
Nos duele pensar en todas las acusaciones
injustas y gravísimas, lanzadas contra Odón en los últimos 13 años. Nos duele
pensar en las agresiones que él y nosotros hemos sufrido, de manera directa (rechazo,
agresiones hasta golpes y tentativas de linchamiento) e indirecta (por la
prensa parcializándose de manera grave, dejando libre curso a acusaciones
falsas).
Con todo esto, entendemos muy bien que el
caso se haya vuelto un rompecabezas para los y las actores de justicia quiénes
de verdad quieren hacer su trabajo. Es de esperar que algún espíritu bien
intencionado, respetando los derechos de absolutamente todas las personas involucradas
en este proceso, nos dé una solución. Tal vez se encuentra este espíritu en
Sucre…